¿Oposiciones?
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El diario Ideal de Granada publica el día 5 de abril de 2021 un artículo bajo el siguiente titular: «Docentes interinos piden paralizar las oposiciones de Secundaria en Andalucía por motivos de salud pública». Y continúa con el siguiente subtitular: «Según reseña la asociación en un comunicado, hay una serie de motivos relacionados casi en su integridad con la situación sanitaria de pandemia que atraviesa la región». El primer párrafo del artículo aclara la procedencia de la iniciativa: «La Asociación de Interinos Docentes de Andalucía (AIDA) ha solicitado a solicitado en dos escritos al al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y al de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que se paralicen las oposiciones de Educación Secundaria (ESO), que habrán de celebrarse a partir de junio, por motivos de salud pública, unos argumentos que también han transmitido a la Dirección territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social».
Difundido a través de redes sociales de docentes, las muestras contrarias a la inicativa abre una encendida discusión.

¡El problema!

Dejando claro que el colectivo incluye un conjunto, tal vez mayoritario, de buenos profesionales a los que respeto profundamente en sus aspectos personal y docente, el «cuerpo de interinos», como marca, es… un problema.

Acostumbrados a acceder a un puesto de trabajo por el simple requisito de inscribirse en una lista y esperar turno, sin haber pasado jamás siquiera una entrevista ante los responsables de la selección de personal para acreditar una mínima capacitación para el cargo llamado a desempeñar –algo impensable en cualquier empresa medianamente seria–, ni sufrir una posterior valoración, ¡qué insulto!, de la labor realizada en el cometido encomendado que, no obstante, les asegura la continuidad en el empleo, la palabra «oposición» levanta erupciones cutáneas muy graves en aquellos que presumen de haber trabajado ¡hasta tres décadas! para la administración.

Un prolongado periodo de tiempo, sin duda, a lo largo del cual, y pese a arbitrarse la obligatoriedad de, al menos, presentarse a ellas para no ser «borrados», o relegados, del mágico listado, no fueron capaces de demostrar su idoneidad para su ejercicio en un concurso público y abierto.

El «cuerpo de interinos», con el apoyo de las organizaciones sindicales que encuentran en ellos una fuente de afiliación importante, han derribado todos y cada uno de los intentos por modificar el sistema de acceso a la Función Pública Docente.

Así se rechazaron las propuestas de «acceso directo» a los expedientes excelentes de la carrera docente que contemplaba el Plan de Magisterio de 1967, que valoraba especialmente, también, un año de prácticas remuneradas en centro público con el argumento: resta plazas en las oposiciones ordinarias para los menos brillantes.

También hubo oposición frontal a las «oposiciones restringidas» que contemplaban plazas, temario y formato específicos y singulares exclusivos para quienes mantenían la condición de interino. La razón del veto: ¿por qué no se ofertan todas las vacantes?

Y, así, hasta llegar al modelo actual que se mantiene porque prima en el baremo final a quienes han mantenido esta posición durante más años.

Y, ¡no!

Una titulación no basta en una oposición. La base de cualquier concurso-oposición, y más cuando está en juego la condición de «funcionario público», con la carga de obligaciones y privilegios que ello conlleva, no estriba en demostrar que se tienen ciencia y capacidad suficientes para desempeñar el puesto, sino en convencer a la sociedad que te va a mantener que se poseen en mayor grado que el resto de los aspirantes.

Eso es lo que puso en su día a la Escuela Pública a un nivel superior al de la Enseñanza Privada –la Escuela Concertada no aparece en este país hasta 1985, con la LODE del ministro Maravall, fecha en que el declive de la educación pública ya es un hecho–, y su olvido, lo que nos ha puesto en la situación que ahora vivimos.

Aunque duela reconocerlo, el problema educativo no se soluciona solo reduciendo ratios –el magisterio hispano ha sacado adelante con éxito clases que casi duplican en número de alumnos la media actual, y, aunque siempre se puede mejorar, nunca contaron los centros con tanto profesor especialista cualificado de apoyo como ahora–, ni expropiando –petición literal pública de alguno de estos sindicatos–, instalaciones concertadas para incorporar sus aulas a la lista de opciones de este colectivo, o limitando la libertad de elección de centro a las familias para evitar que se «cierren líneas» públicas, cuando solo bastaría con situar la formación impartida en ellas al mismo nivel que la ofrecida en aquellos otros centros del entorno que, en contrapartida, crecen.

Las oposiciones, incluso si se ajustan al modelo actual, son imprescindibles. Hay muchos profesores, interinos o no, que merecen acceder a la condición de funcionario. Además, la Escuela Pública los necesita.



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