Aclaro. Estas líneas las provoca la lectura del artículo titulado «El bulo del empadronamiento okupa» que inserta un conocidísimo diario de prestigio nacional.
Hay que partir de un hecho irrebatible: El supuesto «bulo» denunciado está recogido de manera incuestionable, como norma regulada, en el punto 3º de la Resolución de 29 de abril de 2020 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 122, de 2 de mayo de 2020, páginas 31010 y siguientes, que, además, contiene una declaración de principios que clarifica la visión que los responsables de su promulgación tienen sobre el derechos de propiedad de ciertos bienes adquiridos de manera legítima por las familias, gracias al trabajo honrado y ahorro sacrificado de sus miembros, o por sus progenitores, quienes fallecieron orgullosos por dejar a sus hijos algo más que su ejemplo y sólida educación en valores humanos solidarios, y por la que ya se abonó una sustanciosa carga tributaria en concepto de Derechos de Trasmisiones y plusvalías, más cercana a la noción de expolio que a la de justicia distributiva. Véase el punto 2º de la susodicha Resolución.
Para percibir en su intensidad real el problema de la epidemia «okupa», que esta Resolución puede hacer evolucionar hasta «pandemia», hay que experimentarla en cercanía.
Sólo la contemplación del destrozo, en los ámbitos emocional y económico, que sufre una vivienda «okupada», transformada siempre en foco de infección y acumulación de basura cuando no en plantación de marihuana, ante la mirada atónita del propietario, los vecinos y en ocasiones la Guardia Civil o Policía Nacional que nada pueden hacer sin una autorización judicial que pocas veces llega o, cuando lo hace, es ya demasiado tarde para evitar una situación irrecuperable, puede retratar fielmente el triste y denigrante espectáculo que deja una vivencia así.
Las únicas razones, se me ocurren, que pueden justificar la calificación de «bulo» atribuida a la interpretación difundida del contenido de la norma son:
- Quienes lo afirman se mueven con la mejor voluntad, pero no han leído la Resolución.
- Quienes lo afirman se mueven con la mejor voluntad y sí ha leído la Resolución, pero no han sido capaces de entender el mensaje de su texto.
- Quienes lo afirman se mueven por motivos ideológicos.
- Quienes lo afirman se mueven por razones de interés o beneficio personal.
Y ello nos lleva a otra reflexión paralela.
Si los firmantes del artículo, o aquellos en quienes se apoyan para su argumentación, se encuadran en los epígrafes 1 y 2, habría que cuestionar todo un sistema educativo que cualifica y titula de manera, cuando menos, negligente.
A favor de esta tesis están los currículos falseados, las titulaciones regaladas u obtenidas mediante copia y pega, o plagio, de muchos de nuestros representantes en todo el espectro político.
Hoy, en la Red, cualquier estudiante puede encontrar quien haga su trabajo académico, incluso los exámenes, previo pago, naturalmente.
Trabajos de Fin de Grado, de Fin de Master, Tesis Doctorales… oscilan entre los 5 euros/pág., en estudios de Ciencias de la Educación y Psicología, hasta 13 euros/pág. para Ingenierías y Medicina. Los precios son de una empresa que se publicita en Internet, con carro de la compra incluido para calcular el presupuesto final, y que anima al estudiante con frases como esta:
«[…] aprobarás mientras disfrutas de tu tiempo libre. Olvídate de largas y aburridas clases particulares que no te aportan nada, y deja que trabajemos por ti».
De acuerdo a esta tasación, mi tesis doctoral sobre estadística aplicada a la probabilidad lingüística me habría costado 16.250 euros.
A quienes se encuadran en el apartado 3, simplemente les recordaría que no es bueno que la ideología política sea movida por el sentimiento en lugar de la razón. No estamos ante un juego de aficiones. El «sevillista seré hasta la muerte» que canta el himno del Sevilla Fútbol Club, no cabe en este ámbito. Un ideólogo debe «convencer» con argumentos fiables, nunca ocultar o mentir. Eso sería «imponer».
El cuarto grupo no merece comentario alguno. Todos sabemos de qué va el tema y cuantos cargos, adjudicaciones, subvenciones y chiringuitos están en juego.
Nada que objetar a cualquier acción de carácter inclusivo que saque de la marginalidad a quienes sufren situaciones de desamparo social sobrevenido. Toda la ayuda en este sentido ha de ser aplaudida. Otra cosa es que se extienda y generalice a vagos y maleantes, expresión descriptiva que poco tiene que ver con aquella otra norma legislativa del antiguo régimen.
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